En la historia criminal reciente de España, pocos casos han generado tanto desconcierto como el de Francisca Ballesteros, conocida en prensa como la envenenadora de Melilla. Sus crímenes, cometidos en un entorno aparentemente común, estremecieron al país no solo por su brutalidad, sino por la frialdad y la calma con la que fueron ejecutados.
Francisca estaba casada con Antonio González y vivía con él y sus tres hijos en Melilla. La familia nunca había sido objeto de atención pública. Eran, a simple vista, un hogar más de la ciudad. Sin embargo, tras esa fachada cotidiana se gestaba una tragedia que se desarrollaría a lo largo de más de una década.
El primer episodio se remonta a 1990, cuando la hija mayor de la pareja, Florinda, murió con apenas unos meses. La causa oficial fue un coma diabético, pero años después Francisca confesaría que había provocado su muerte mediante la administración de un toxicante. Nadie sospechó nada entonces.
A partir de 2003, la situación dentro del hogar dio un giro definitivo. Francisca comenzó a suministrar sustancias tóxicas a su familia, empezando por su marido. Antonio enfermó de manera progresiva: vómitos, mareos, dificultad respiratoria. Las visitas al médico y las sospechas se atribuyeron a una reciente fumigación en la vivienda. Pero la verdad era mucho más oscura. En enero de 2004, Antonio murió a causa de una intoxicación severa.
Poco después, los hijos adolescentes de la pareja comenzaron a manifestar síntomas similares. La hija mediana, Sandra, ingresó en estado crítico en junio de 2004. A pesar de los esfuerzos médicos, falleció en pocas horas. Su hermano menor, de doce años, también enfermó, pero logró sobrevivir gracias a una intervención médica urgente.
El detonante de la investigación fue la insistencia de familiares y vecinos, quienes notaron la gravedad del estado de los niños y la reticencia de Francisca a llevarlos al hospital. Cuando la policía registró la vivienda, halló frascos y productos compatibles con los tóxicos detectados en las autopsias. La evidencia se acumulaba y las declaraciones de Francisca terminaron por confirmar los hechos: había suministrado sistemáticamente sustancias tóxicas a su familia.
Durante el juicio, la acusada declaró que se sentía atrapada en su matrimonio y que había pensado en suicidarse, llevando consigo a sus hijos para que no quedaran solos. También había iniciado contacto por Internet con otro hombre, a quien supuestamente había dicho que era viuda, construyendo ya una narrativa alternativa a su vida real.
En 2005, la Audiencia Provincial de Málaga la condenó a 84 años de prisión por el asesinato de su marido, de dos hijas y el intento de asesinato de su hijo menor.
El caso de la envenenadora de Melilla sigue siendo uno de los más perturbadores de la crónica negra española: un crimen doméstico, metódico y silencioso, perpetrado desde la intimidad del hogar por alguien que, desde fuera, parecía llevar una vida completamente ordinaria.
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